Instituto para la Resiliencia ante Desastres
Conozca el estudio más actualizado sobre gasto público para gestión de riesgo de desastres y las claves para fortalecer la resiliencia nacional.
Será redirigido a otro sitioLa gestión del gasto público asociado a la resiliencia y reducción del riesgo de desastres (GIRD) es decisiva para el desarrollo sostenible de Chile. La correcta planificación y asignación de recursos permiten enfrentar las amenazas naturales que afectan recurrentemente al país. Un enfoque integral es fundamental para anticipar, responder y recuperarse eficazmente ante emergencias, protegiendo a las comunidades y al entorno.
Actualmente, la estructura institucional y normativa ha avanzado para integrar la GIRD en la política fiscal y la gestión financiera. Sin embargo, persisten desafíos en la eficiencia y transversalidad de las inversiones, además de la necesidad de fortalecer capacidades en todos los niveles del sector público.
¿Cómo se distribuye el presupuesto público en la GIRD? ¿Cuáles son los mecanismos de reasignación en contextos de emergencia? Exploraremos estos puntos clave, analizando los distintos instrumentos y programas, y presentando recomendaciones concretas para mejorar la resiliencia nacional.
Marco institucional y financiero de la GIRD en Chile
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) es la principal estructura legal vigente. Su objetivo es articular los esfuerzos públicos para reducir el riesgo y enfrentar emergencias eficientemente. No obstante, la ley presenta limitaciones en materia de gobernanza y responsabilidad sobre la administración de recursos para la GIRD.
Se evidencian regímenes especiales en contextos de catástrofes, permitiendo flexibilidad administrativa y uso de fondos específicos. Asimismo, existen mecanismos como el 2% constitucional y la posible creación de un Fondo para Desastres Naturales, elementos relevantes para responder a emergencias.
Por otra parte, la coordinación interinstitucional sigue siendo un tema de mejora, ya que no están claras todas las responsabilidades ni la trazabilidad del gasto destinado a la resiliencia. El fortalecimiento de instrumentos normativos es una tarea pendiente para el sector público.
En ese contexto, la gestión financiera se focaliza en cinco dimensiones: gobernanza legal, financiamiento, rendición de cuentas, adquisiciones ágiles y mecanismos de emergencia. Estos pilares permiten evaluar la solidez del sistema frente a eventos adversos.
En suma, consolidar un marco normativo robusto, con reglas claras y herramientas de financiamiento flexibles y transparentes, es central para proteger la economía y la sociedad ante desastres.
Distribución del gasto por procesos de la GIRD
El presupuesto relacionado con la GIRD se estructura principalmente en procesos: reducción del riesgo, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción. Esto permite visualizar cómo se asignan los recursos y en qué etapas existe mayor o menor inversión.
De los programas relevantes, un 49% se orienta a reducir el riesgo de desastres e infraestructura resiliente. Le siguen programas de preparación (21%) y gestión prospectiva (21%), mientras que rehabilitación post desastre representa un 7% pero concentra un 19% del presupuesto.
El uso de reasignaciones presupuestarias es el mecanismo más común para responder a emergencias. Sin embargo, esto puede implicar desviar recursos de programas planificados, con efectos en el desarrollo regional y sectorial.
En la práctica, la flexibilidad para destinar fondos a situaciones imprevistas ha sido positiva para la gestión de crisis, pero expone la necesidad de planificación más integral y de reservas específicas para desastres.
En la siguiente tabla se resumen los principales sectores y proporción de programas relacionados con la GIRD:
| Sector | % Programas con GIRD | Presupuesto 2022 |
|---|---|---|
| Agricultura | 64% | $347.462MM |
| Vivienda y Urbanismo | 61% | $1.448.109MM |
| Interior | 34% | $152.427MM |
| Educación | 22% | $1.635.844MM |
Programas de aporte directo, indirecto y potencial
La oferta programática de la GIRD se divide en tres categorías: programas de impacto directo, indirecto y potencial. Sólo un 8% de los 168 programas identificados tiene impacto directo; más del 50% son de impacto indirecto; y un 41% presentan potencial para aportar a la resiliencia si se fortalecen.
Los programas de impacto directo incluyen financiamiento para prevención, respuesta, infraestructura y recuperación post evento. Entre ellos destacan SENAPRED, CONAF, Bomberos y SERNAGEOMIN.
En cuanto a los de impacto indirecto, se encuentran principalmente en áreas como vivienda, desarrollo social, economía y agricultura, trabajando en la reducción de vulnerabilidades sociales, mejoramiento urbano y apoyo productivo.
El impacto potencial se observa en iniciativas de formación, transferencia tecnológica, educación y desarrollo de capacidades institucionales. Estos pueden escalar en importancia si se alinean con estrategias de resiliencia.
La identificación de estos programas permite planificar qué líneas de acción fortalecer y cómo lograr un mayor efecto transversal con los recursos públicos.
Mecanismos de financiamiento y reasignación de recursos
La flexibilidad presupuestaria es una ventaja para responder a emergencias, pero implica riesgos. El uso de reasignaciones puede postergar o cancelar proyectos importantes para el desarrollo, dado que los fondos originalmente destinados son redirigidos a responder urgencias.
El Fondo Nacional de Reconstrucción, los bonos catastróficos y los instrumentos de transferencia de riesgo son ejemplos de mecanismos utilizados y en desarrollo. Es esencial evaluar su eficiencia, nivel de cobertura y articulación con el presupuesto anual.
Las glosas presupuestarias y los convenios marcos en compras públicas otorgan facultades ampliadas cuando se declara una emergencia. Sin embargo, esto requiere de controles y transparencia activa en la ejecución.
Un buen equilibrio entre flexibilidad y planificación es clave para evitar desequilibrios y maximizar la utilidad de los recursos en el largo plazo.
Para visualizar los mecanismos principales:
- Reasignaciones presupuestarias excepcionales
- Fondo Nacional de Reconstrucción
- Bonos catastróficos
- Glosas y convenios de emergencia en compras públicas
Desafíos y aprendizajes en la resiliencia financiera
Un desafío recurrente es diseñar instrumentos financieros que permitan una respuesta ágil y suficiente, sin sacrificar el desarrollo planificado ni la sostenibilidad fiscal. La protección financiera debe acompañarse de mecanismos robustos de rendición de cuentas y monitoreo.
El desarrollo de indicadores e instrumentos de planificación transversales facilitaría identificar áreas de mayor riesgo y brechas por cubrir. Asimismo, fortalecer la cultura de prevención y la educación en resiliencia es esencial para el éxito de estas políticas.
La articulación efectiva entre sectores y niveles de gobierno, junto a la promoción de innovación y tecnología, podría llevar a un uso más eficiente de los recursos.
El involucramiento del sector privado y la población, a través de seguros y responsabilidad social, fortalece el ecosistema de protección y preparación comunitaria.
Finalmente, la consolidación de fondos específicos y la mejora de la gobernanza interinstitucional son pasos necesarios para cerrar las brechas detectadas.
Líneas de acción para fortalecer la GIRD en Chile
Para avanzar en resiliencia, se proponen varias líneas de acción: fortalecer la gobernanza institucional del SINAPRED, diseñar nuevos instrumentos de financiamiento y articular el presupuesto anual con la gestión del riesgo de desastres.
Es esencial mejorar la eficiencia mediante indicadores de gestión y sistemas de monitoreo continuo, así como impulsar la capacitación transversal en los organismos responsables.
La transversalización del enfoque de resiliencia a todos los sectores, desde la educación hasta vivienda y economía, es clave para lograr un mayor impacto y cobertura.
El fomento de instrumentos financieros de transferencia de riesgo, tanto en el sector público como privado, puede disminuir la presión sobre el presupuesto estatal en situaciones de emergencia.
Por último, aumentar la transparencia y el accountability contribuirán a una gestión más efectiva y confiable ante la ciudadanía.
Conclusión: Hacia una cultura resiliente y eficiente en el uso público
La caracterización del gasto público asociado a la gestión integral del riesgo de desastres es esencial para el futuro de Chile. Un avance decidido en gobernanza, financiamiento innovador, planificación estratégica y fortalecimiento de capacidades impactará directamente en la protección social, ambiental y económica del país.
Promover una agenda integrada, transparente y con visión de futuro permitirá enfrentar desafíos cada vez más complejos, consolidando una cultura resiliente y una gestión pública eficiente al servicio de toda la ciudadanía chilena.
